Además, Serrano apuntó que Tráfico acelerará la incorporación de nuevos examinadores para paliar los “perjuicios” de los paros, que han provocado el aplazamiento de 193.978 pruebas prácticas (unas 3.000 de las más de 6.000 que se convocan cada día), aunque apuntó que desde el inicio de la huelga se han realizado 448.285 exámenes teóricos y 412.887 prácticos, con lo que no ha habido "caos y parálisis" en estos últimos meses.

“Unos servicios mínimos del 50% no son abusivos para nada. Vamos a intentar que esta situación de huelga deje de perjudicar más allá de lo razonable a los ciudadanos y a las autoescuelas”, apuntó, antes de añadir: “Ha llegado el momento de reconducir todo a su adecuado cauce”.

Serrano indicó que la DGT ha realizado “un esfuerzo más allá de lo razonable” e instó a los examinadores, después de constatar “su nula intención de negociar nada”, a elevar sus reivindicaciones a la mesa de diálogo de Hacienda y los sindicatos. “Hasta aquí ha llegado nuestra misión de intermediar”, zanjó.

Los examinadores y la DGT firmaron un acuerdo en octubre de 2015 después de que aquellos permanecieran 32 días de huelga, pero este colectivo de funcionarios retomó las movilizaciones el pasado 2 de junio, cuando se concentraron frente a la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública, en Madrid, para pedir una subida de 250 euros mensuales en sus nóminas en concepto de complemento específico. Ello dio lugar a nuevos paros parciales desde el pasado 19 de junio, que los examinadores vienen realizando de lunes a miércoles con la excepción de agosto, y este martes han cumplido 55 jornadas de paros.

Ambas partes afirmaron el martes de la semana pasada que habían “acercado posturas” tras reunirse en Madrid y que continuarían negociando “en los próximos días”, pero el 98% de los examinadores rechazó la oferta planteada por Tráfico en esa reunión.

Serrano desveló este martes que la DGT impondrá el 50% de servicios mínimos si los examinadores alargan la huelga en diciembre y aseguró que no son “abusivos” teniendo en cuenta que el seguimiento de la huelga ronda el 35% en 41 jefaturas y oficiales locales de tráfico, con lo que su incidencia en los exámenes prácticos es “prácticamente imperceptible”, si bien admitió que en otras 22 jefaturas se acerca al 65%.

“Después de seis meses de huelga y con la pretensión de continuarla en enero y febrero, no podemos permanecer impasibles. Todo tiene un límite en la vida y ese límite ha llegado”, apuntó, antes de señalar que los examinadores “pueden recurrir lo que consideren oportuno” si deciden ir a los tribunales en el caso de que rechacen los servicios mínimos por entender que examinarse del carné de conducir no es un servicio esencial.

“RELATO ORDENADO”

Por otro lado, Serrano hizo un “relato ordenado” del conflicto con los examinadores, que se remonta a abril de 2015, cuando la DGT propuso al Ministerio de Hacienda una subida de 215,9 euros mensuales como complemento específico para nueve colectivos de Tráfico: examinadores, letrados, cajeros habilitados, jefes de negociado y responsables de las unidades de apoyo a las víctimas, patrullas de helicópteros, investigadores y jefes de sección de seguridad vial, coordinadores provinciales, operadores de apoyo técnico y trabajadores en centros de gestión de tráfico.

Posteriormente, los examinadores fueron a la huelga del 14 de septiembre al 29 de octubre, cuando ambas partes firmaron un acuerdo que, según Serrano, la DGT ha cumplido “en su totalidad” porque se comprometió a realizar esfuerzos para elevar a Hacienda la subida salarial, no a aprobarla directamente porque carece de competencias.

Serrano comentó que los examinadores concretaron por primera vez el pasado 6 de octubre que querían 250 euros mensuales de complemento específico y “no se han movido ni un ápice” de esa reivindicación.

Por el contrario, indicó que la DGT aprobó el pasado enero una subida de la productividad del 36 al 40% para los examinadores (es decir, 55 euros más), cuando al resto de trabajadores de Tráfico fue del 8 al 20%, y que el Gobierno ha convocado 435 plazas de promoción interna para pasar del grupo C2 al C1, lo que supone 128 euros mensuales más, 5.000 euros más de pensión de jubilación y 113 euros anuales por trienio.

Además, recalcó que este mes de noviembre propuso una subida retributiva de 125 euros mensuales si los examinadores trabajaban una hora u hora y media más a la semana para “sacar adelante el atasco de exámenes como consecuencia de la huelga”.

“La productividad que ya están cobrando, lo que van a cobrar si aprueban la promoción interna y 125 euros por una hora u hora y media para sacar adelante el atasco, suman 300 euros, es decir, una cifra muy superior a los 215 que solicitaban en octubre de 2015 y los 250 que han terminado solicitando”, apostilló.

Por último, Serrano indicó que “no se le puede achacar a la DGT ni al Ministerio del Interior que no haya habido una voluntad de satisfacer las aspiraciones legítimas de los examinadores”, puesto que desde el próximo mes de diciembre hasta julio de 2018 habrá 122 examinadores más, con lo que la plantilla aumentará en torno a un centenar después de descontadas las jubilaciones.