El hermetismo sobre el debate mantenido por el pleno y sus resultados fue total y ni siquiera el propio servicio de prensa del Tribunal Constitucional pudo recabar de los magistrados los detalles de la reunión.

Por lo tanto, se desconoce si los magistrados han decidido convocar un nuevo pleno para los próximos días; en ningún caso este jueves.

VOTAR CADA ARTÍCULO

Lo que sí pudieron confirmar las fuentes del Constitucional es que todos los magistrados estaría dispuesto a echar mano de un último recurso: votar artículo a artículo el borrador de sentencia del Estatuto de Cataluña.

El Constitucional intentaría con esta fórmula sortear el bloqueo provocado por la polarización de los distintos sectores y desatascar la situación después de más de tres años y medio deliberando sobre el recurso interpuesto por el PP contra el nuevo texto estatutario catalán.

Este mecanismo permitiría garantizar que, tarde o temprano, el Constitucional será capaz de dictar una sentencia definitiva, aunque en contrapartida el proceso de deliberación y votación sería mucho más arduo y largo.

La posibilidad de votar cada precepto está regulado por el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que “la votación, a juicio del presidente, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos”. Este artículo señala además que “empezada la votación, no podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor”.

Los escollos que deberían sortear los magistrados en sus votaciones son los mismos que tuvo que afrontar la primera ponente, Elisa Pérez Vera, con su borrador inicial: definición de Cataluña como nación, el capítulo de los símbolos nacionales, la primacía de la lengua catalana, la bilateralidad en las relaciones entre Generalitat y Estado y la creación de un Poder Judicial catalán.

BORRADOR DE CASAS

La presidenta presentó ante el resto de magistrados del Constitucional su borrador de ponencia, que constituye la séptima versión de sentencia que se somete al criterio del tribunal.

Casas asumió el pasado 19 de mayo personalmente la elaboración de la ponencia sobre el Estatuto de Cataluña tras la renuncia presentada por el anterior ponente, el vicepresidente, Guillermo Jiménez, cuyo borrador de sentencia no concitó los apoyos suficientes entre los magistrados y no llegó ni siquiera a votarse.

Fuentes del tribunal explicaron que la ponencia de Jiménez, que se sometió el 19 de mayo por primera y última vez a la consideración de todos los magistrados, proponía la anulación por inconstitucional de alrededor de 22 artículos de los 223 con los que cuenta el nuevo texto estatutario catalán.

Por lo tanto, se trataba de un borrador de sentencia más duro que el elaborado por la primera ponente, Elisa Pérez Vera, cuyo texto fue rechazado definitivamente el pasado 15 de abril en un pleno en el que seis magistrados votaron en contra del borrador y cuatro a favor. Este fracaso supuso el nombramiento como ponente de Jiménez.

RECURSO DE LA GENERALITAT

De forma complementaria, el Tribunal Constitucional está a la espera de que se resuelvan los recursos interpuesto por la Generalitat y el Parlamento catalán contra la negativa de este órgano jurídico de declararse incompetente para decidir sobre el Estatut.

El Constitucional decidió el pasado martes tramitar los citados recursos y dar tres días de plazo a todas las partes personadas para que puedan formular alegaciones. En concreto, el tribunal está a la espera de recibir los informes de Fiscalía, Abogacía del Estado, Defensor del Pueblo, Partido Popular , Aragón, Baleares, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana.

La Generalitat y el Parlament recurrieron por falta de motivación las providencias dictadas el pasado 27 de mayo en las que el Tribunal Constitucional rechazó declarase incompetente para dictar sentencia sobre la reforma del Estatut.

FALTA DE LEGITIMIDAD

Los magistrados denegaron en esa ocasión los argumentos jurídicos de los letrados de la Cámara autonómica y del Gobierno catalán para ratificarse como órgano competente para dirimir sobre los artículos del Estatuto que fueron recurridos.

En su solicitud, el Parlamento catalán reclamó al Constitucional que suspendiera el estudio de los recursos hasta que supliera la falta de "legitimidad" motivada supuestamente por el mandato caducado de cuatro de sus miembros y la vacante dejada por el fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo.

Por su parte, la Generalitat había alegado que el tribunal debía abstenerse o declinar su competencia para resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña "hasta que su composición se ajuste a la que prevé la Constitución" y se renovasen los magistrados que han agotado el mandato.

De forma complementaria, la Generalitat ha remitido al Constitucional un escrito en el que solicita que el magistrado Pablo Pérez Tremps, que no ha intervenido en ninguna deliberación sobre el Estatut al haber sido recusado por haber asesorado al Gobierno catalán en la elaboración de diversos artículos del texto estatutario relativos con la acción exterior y la Unión Europea, si pueda intervenir en los debates que no afecten a estos apartados.