El real decreto-ley establece una batería de obligaciones a los operadores para la reducción sistemática de los riesgos, entre ellas, la elaboración de un informe sobre riesgos de accidentes graves actualizado en el que se contará con la participación de los trabajadores. Asimismo, se exige que un tercero independiente al operador verifique todos los elementos críticos para la seguridad del operador.

Además, la norma recoge la creación de la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (Acsom) cuya función esencial será garantizar que la explotación de hidrocarburos se realiza con la máxima seguridad.

Entre sus funciones, destaca las de supervisión, inspección, cooperación en investigaciones, instrucción de expedientes sancionadores, así como la validación del informe de riesgos graves de accidente.

El real decreto-ley dota a la Acsom de amplios poderes para poder cumplir su función con eficacia y así, podrá paralizar o prohibir los trabajos si las medidas propuestas por el operador en lo relativo a la seguridad de las instalaciones o de las operaciones se consideran insuficientes.

También puede oponerse al otorgamiento de un permiso de investigación o de una concesión de explotación si considera que el solicitante no tiene capacidad técnica y económica suficiente.

Por su parte, el Ministerio de Fomento, en cooperación con todos los agentes y administraciones implicados, elaborará un plan externo de emergencia que abarcará el conjunto de instalaciones en medio marino, donde se especificará el cometido y las obligaciones financieras de los concesionarios y los operadores. Además, se organizarán periódicamente ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia.