Según informó la Policía, la llamada ‘operación Libitina’ ha sido realizada en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Se ha declarado como investigadas a 62 personas, de las que resultaron implicadas 19 por el fraude de 1.932.211,27 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los responsables del delito han resultado ser familiares de las personas fallecidas, siendo estos principalmente hermanos, hijos y sobrinos.

Los implicados, que serán acusados de los delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales, eran de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia.

MADRE MUERTA HACE 31 AÑOS

La operación comenzó al detectar la Tesorería General la Seguridad varios casos en los que seguía abonándose la pensión a personas fallecidas, de forma que otros, “mediante simulación o falseamiento”, estaban cobrando mensualmente dinero que no les correspondía.

En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas, con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o en su caso el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades oportunas.

La Policía descubrió que, en uno de los casos, una mujer estuvo cobrando 31 años la pensión de su madre fallecida, en concreto desde 1985 hasta octubre de 2016. Con ello se embolsó 173.170,43 euros.