Madrid. La Comunidad incrementa en más de un 30% el presupuesto destinado al fomento del empleo de las personas con discapacidad

MADRID
SERVIMEDIA

La Fundación Juan XIII Roncalli ha celebrado en su sede el II Encuentro de Directores de Recursos Humanos, un foro inaugurado por el viceconsejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ante más de 70 empresas para analizar las distintas posibilidades que ofrece la Ley General de Discapacidad (LGD) en materia de empleo, que obliga en la actualidad a cualquier entidad, pública o privada, que emplee a 50 o más trabajadores, a contar en la plantilla con al menos un 2% de empleados con discapacidad.

Durante su intervención en el encuentro, celebrado ayer, miércoles, García Martín se refirió a la necesidad de avanzar hacia un modelo de trabajo sostenible e integrador que priorice la contratación de las personas con discapacidad, al tratarse de uno de los colectivos más vulnerables. “No hay mayor integración que el empleo y por este motivo se ha convertido en un eje principal de todas las acciones que hemos puesto en marcha”.

El viceconsejero de Economía, Empleo y Hacienda subrayó que la Comunidad de Madrid destinará durante 2018 una partida de casi 51 millones de euros al fomento del empleo de las personas con discapacidad, una cifra que es un 30% superior a la de 2017. De ellos, casi 48 millones se destinarán al mantenimiento de los puestos de trabajo en Centros Espaciales de Empleo, que en la región emplean a cerca de 11.000 personas.

“Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer y por eso queremos centrar nuestros esfuerzos en que se produzca un salto del empleo protegido al empleo ordinario, de ahí la necesidad de desarrollar una serie de medidas atractivas que motiven a las empresas a contratar personas con discapacidad”, añadió.

García Martín detalló algunas de las medidas que han puesto en marcha desde la Administración autonómica para animar a las compañías a que contraten personas con discapacidad, entre las que destacan las convocatorias de ayudas de carácter anual (enero-diciembre) para que sean las empresas las que decidan el momento oportuno para contratar, así como unos incentivos de hasta 7.800 euros para la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias.

El viceconsejero concluyó su intervención remarcando que se van a mantener las ayudas para la adaptación de puestos de trabajo en aquellos casos que sea necesario y que desde la Administración sufragarán con más de 6.600 euros de a aquellas compañías que requieran de la figura del preparador laboral para que acompañe a estos trabajadores durante el periodo de adaptación.

Por su parte, el director general de Fundación Juan XXIII Roncalli, Javier Arroyo, recalcó la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para impulsar la contratación de las personas con discapacidad intelectual, ya que su entrada en el mercado laboral en mucho más compleja. “Es cierto que se ha avanzado mucho en el ámbito legislativo, pero aún es necesaria la puesta en marcha de otras medidas regulatorias e incentivadoras”, señaló.

Antes de dar paso a la mesa de debate, Arroyo subrayó que urge perfeccionar las leyes para que las empresas puedan recurrir de manera más sencilla a las medidas alternativas a la contratación directa, entre las que se encuentran la contratación de bienes y servicios, así como patrocinios y donaciones.

MAS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Bajo el título 'Inclusión, medidas alternativas y excepcionalidad', esta mesa de debate contó con la participación de la coordinadora de Selección y Formación de Taco Bell, Marta Sánchez; del responsable de Alianzas Estratégicas de Cepsa, Óscar García, y de la directora de Relaciones Laborales de Enagás, Susana Toril, quienes explicaron el modo en que sus compañías fomentan la inclusión de las personas con discapacidad.

Marta Sánchez narró la experiencia de su empresa a través de la contratación directa de personas con discapacidad intelectual en sus establecimientos de cara al público. Así, Sánchez puso de manifiesto la importancia de contar con un servicio de provisión de apoyo a través de la figura de un preparador laboral que guíe al trabajador con discapacidad intelectual durante los primeros meses. “Es fundamental contar con este soporte, porque sólo de este modo podemos potenciar la autonomía de estos empleados”.

El responsable de Alianzas Estratégicas de Cepsa, Óscar García, explicó la trayectoria de su empresa al contratar los servicios del Centro Especial de Empleo de Fundación Juan XXIII Roncalli. Tras una relación comercial que comenzó en el año 2010, Cepsa decidió elegir a la entidad como mejor proveedor de servicios preferentes y firmó en el año 2015 alianza estratégica para reforzar los lazos comerciales con la misma.

“Cuando los responsables de Cepsa conocieron la labor que hace Fundación Juan XXIII Roncalli, no se lo pensaros dos veces. La contrapartida era doble: impulsar la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad y apostar por una empresa competitiva de alta calidad”. En este sentido, desde la entidad han querido poner en valor la apuesta de Cepsa, una compañía de la que reciben más de 30.000 pedidos al año y que, gracias a ello, se han podido contratar a 20 personas con discapacidad durante 2017.

Finalmente, Susana Toril explicó que las personas con discapacidad quieren que las empresas normalicen sus acciones y su trabajo para que no sean tratados de forma distinta. “La formación previa que ofrece la fundación y los preparadores sociales que acompañan al empleado son fundamentales para un desarrollo laboral satisfactorio, tanto por parte de la personas con discapacidad como del resto de la plantilla”, concluyó.

Tras estas intervenciones, la subdirectora de Integración Laboral de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Belén Balmaseda, y la subdirectora general de Atención a Personas con Discapacidad Física, Psíquica y Sensorial y con Enfermedad Mental de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Patricia de Grado, explicaron al destalle las medidas alternativas más allá de la contratación directa de las personas con discapacidad.

De Grado quiso remarcar que el objetivo de la Administración es acompañar a este colectivo en todo el proceso de entrada al mercado laboral, incluida la búsqueda de empleo a través del programa ‘Emplea tu capacidad’. Además, señaló que se está trabajando para cortar los plazos a la hora de otorgar el certificado de discapacidad.

Balmaseda centró su intervención en el procedimiento que hay que seguir para la contratación de personas con discapacidad en la oficina de empleo. Para finalizar, indicó que los enclaves laborales son la medida alternativa más inclusiva y animó a los representantes de las empresas asistentes a la jornada a que recurrieran a esta fórmula.

(SERVIMEDIA)
16 Nov 2017
EAS/gja