Así, tras varios encuentros previos conjuntos entre responsables de los dos bancos y sindicatos de ambas entidades, arranca ahora el periodo legal de consultas de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto de los Trabajadores.

Estas reuniones serán a partir de ahora por separado al tratarse de dos empresas, y la composición de las mismas se conformará de acuerdo a la representatividad sindical en cada una de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones sindicales en los centros afectados, según explica CCOO.

Los ámbitos afectados por este expediente de regulación de empleo serán en Banco Popular todos los servicios centrales en Madrid y La Coruña, Auditoría, Recuperaciones, Servicios Centralizados y Prevención de Riesgos Laborales.

En Banco Santander están afectados los Servicios Centrales de Madrid (Boadilla, Marpe, Mesena) Recuperaciones y UCR (Unidades de Control de Red) en diversas provincias de toda España.

El Santander ha propuesto la salida de unos 1.500 trabajadores de los servicios centrales de los dos bancos, a lo que se unirán más de 500 recolocaciones de empleados de servicios centrales en otras filiales del grupo.

Desde la Federación de Servicios de UGT indicaron que “hasta el momento los planteamientos de la empresa todavía están alejados del necesario consenso para llegar a un acuerdo”.

UGT subrayó que “va a defender por encima de todo la empleabilidad de los compañeros del Santander y el Popular”, para reiterar que “cualquier medida debe basarse en los principios de voluntariedad y equidad”.

El sindicato ha solicitado que se firme un acuerdo global para Santander España de prejubilaciones, con una edad inferior a los 58 años que plantea el banco.

“Sigue siendo fundamental que el número total de afectados se reduzca significativamente”, recoge UGT en una circular, en la que agrega que “primaríamos medidas de movilidad interna dentro del grupo, así como medidas de flexibilidad sin que en ningún caso supusieran movilidad geográfica, antes de perder puestos de trabajo”.

Por su parte, CCOO señaló que su primera reivindicación es la necesidad de rebajar el número de extinciones propuestas, pues la cifra de 1.500 puestos de trabajo “sigue siendo una cifra demasiado elevada y no se puede consentir tal nivel de destrucción de empleo”.

CCOO defiende también la “necesaria voluntariedad para las personas que pertenezcan a los departamentos afectados, así como la posibilidad de capilaridad entre los servicios centrales y la red comercial, permitiendo el trasvase de personas excedentes hacia la red de sucursales”.

Por último, el sindicato reclama un acuerdo de prejubilaciones, que además se sitúe por debajo de las edades de referencia elegidas en pasados ajustes, para que permita “drenar de manera ordenada” a aquellas personas de mayor edad y poder seguir dando posibilidades de empleo a las personas situadas en tramos intermedios sin opción a una prejubilación, teniendo en cuenta que ambas entidades han pasado por otros procesos de reordenación anteriores.