El 16 de noviembre de 1995 los Estados miembros de la Unesco aprobaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, poniendo de relieve su compromiso en el desarrollo y fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas sin distinciones por raza, etnia, género, lengua, origen, religión o discapacidad.

“Resulta muy necesario hoy, en plena expansión de la mundialización del odio, reafirmarnos en este compromiso, recordando que la Declaración estableció que la Tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y maneras distintas de manifestar nuestra condición humana”, recordó Movimiento contra la Intolerancia.

Por tanto, trasladó la invitación al Gobierno, al conjunto de las instituciones, partidos, organizaciones sociales y ciudadanía para alcanzar un “compromiso con las víctimas, la sensibilización y educación para la Tolerancia y seguir participando en la creación de una sociedad plural, armoniosa, justa, solidaria, libre, igualitaria y respetuosa”.

En consecuencia, mostró la necesidad de impulsar la “educación para la tolerancia y la no violencia” como un “imperativo urgente”, así como combatir la intolerancia mediante la “protección, mejora y adecuación de los marcos jurídico, legal y políticos” y exigiendo una “educación e información apropiada para luchar contra estas lacras”.