La iniciativa salió adelante con 248 votos a favor, ninguno en contra y 85 abstenciones, las de los diputados de Podemos, ERC y algunos del Grupo Mixto, ya que PP, PSOE, Ciudadanos y PNV la apoyaron. De esta manera, se insta al Gobierno a establecer una nueva regulación, respetando el principio de libertad de empresa, con el fin de evitar que se produzcan situaciones “abusivas o de usura” como consecuencia de la propia necesidad del prestatario

La diputada del PP Susana López fue la encargada de defender la propuesta, en la que se expone que en los últimos años el sector de los préstamos privados concedidos por entidades no financieras ha experimentado un importante crecimiento, tanto por la situación de crisis económica como por las dificultades de las entidades financieras para facilitar financiación.

Las empresas que conceden minipréstamos han “flexibilizado enormemente” los criterios para la obtención de un préstamo de estas características. Así, según el PP, “basta con acceder a través de Internet o una llamada de teléfono, tener al menos 21 años y menos de 75, un teléfono móvil y una cuenta bancaria”. La respuesta se recibe en cuestión de minutos y el dinero “en poco más”.

Para el diputado del PSOE José Javier Lasarte sobre este tema hay un “laberinto normativo” que genera “inseguridad jurídica”, lo que “hace necesario una nueva regulación” y le lleva a respaldar la propuesta.

Según Lasarte, la usura afecta a los “más vulnerables”, personas que acuden a estos prestamistas “movidas por la desesperación”. Son ellos, indicó, los que “caen en las garras de entidades sin escrúpulos”. “Nos toca trabajar para que esas personas puedan vivir con dignidad”, sentenció el diputado socialista.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos Alberto Montero señaló que hay “factores estructurales” en la economía española que llevan, sobre todo a los colectivos “más vulnerables”, a acudir a usureros.

“Se ven obligadas” a acudir de forma más intensa a este endeudamiento por vías alterativas al no puede recurrir a la financiación por la vía tradicional, lamentó Montero.

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, defendió que “hay que proteger más y mejor a los consumidores financieros”. Por ello, dijo que apoyan la propuesta, aunque “animamos a que el Ministerio de Economia también se lo tome en serio” porque “hay que reforzar los derechos de los consumidores y usuarios” de los servicios financieros.

Además, para la diputada del PNV Idioa Sagastizabal es “necesaria una solución colectiva” a esta problemática para evitar “abusos ante las necesidades y urgencias” de algunas personas. “Es necesario una regulación para ofrecer mayor protección”, agregó.

Desde las filas del PDECat, Ferrán Bel apuntó que no se van a oponer a esta iniciativa porque hay ejemplos de usura “escandalosos”, aunque lamentó que siendo conocida esta realidad y que hay “gente de buena fe que puede caer en estos servicios impropios” el Ministerio de Economia no haga nada porque “no es tan difícil solventarlo”.

LEY AZCÁRATE

Estos prestamistas privados en la actualidad no son entidades financieras y, por tanto, no están supervisadas por el Banco de España ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), muchas de ellas están domiciliadas ‘offshore’, y todas se caracterizan por un “elevado coste” de la financiación que ofrecen a sus clientes, apuntó López.

La Ley que rige en España, ante situaciones derivadas de este tipo de contratos, data de 1908, la llamada ‘Ley de la usura’ o ‘Ley Azcárate’, conforme a la cual se considerará nulo todo contrato de préstamo que estipule un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero y que sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o que el mismo resulte leonino.

Sin embargo, esta ley no establece un tipo de interés por encima del cual el interés aplicado a un contrato de préstamo se pueda considerar “abusivo”, y es el propio Tribunal Supremo quien va sentando doctrina al respecto.