Fuentes de Ciudadanos indicaron a Servimedia que el concejal no acosó al trabajador, tras la petición de dimisión de Reina que realizó hoy la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid).

Esta petición obedece al caso de un trabajador con un 44% de discapacidad física de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón que denunció el pasado mes de enero que “estaba sufriendo insultos y amenazas por parte de su superior”, el cual, según señala Famma, “al parecer” es una “persona cercana al concejal de Ciudadanos de Alcorcón Alfonso Reina, razón por la que éste habría interferido”.

En este sentido, Famma explicó que, según el denunciante, Reina “le acosó para que no denunciase a su persona de confianza dentro de los sindicatos y trabajadores de Esmasa” y por ello se pregunta si, tras haber fallado el juzgado que este superior es “responsable de un delito leve de amenazas”, Reina “piensa dimitir de su cargo público” o bien si Ciudadanos actuará en consecuencia.

Fuentes de la formación política señalaron que en “ninguna” de las sentencias “se hace referencia al concejal Alfonso Reina, sobre el que no pesa acusación ni denuncia alguna” y añadieron que su “único papel fue el de mediar de buena fe entre dos compañeros”.

Por ello, argumentaron que no “valorarán las opiniones de ningún otro colectivo” y que respetan “la decisión de los tribunales, que termina con un conflicto entre dos trabajadores municipales de Alcorcón”.

Sin embargo, según el presidente de Famma, Javier Font, “existe mucha palabrería y poca eficacia por parte de algunos representantes públicos que no merecen ser dignos de esa responsabilidad y confianza que sus electores han depositado en él en los últimos comicios” e hizo hincapié en que “es un vergüenza para los electores y el partido al que pertenece si éste no actúa en consecuencia”.

Por último, calificó de “bochornoso” que “un cargo público y miembro del Consejo de Administración de Esmasa, como es Reina, interceda para tapar los delitos en lugar de denunciar” y exigió un compromiso político, social y laboral para terminar con las vejaciones contra trabajadores con discapacidad.