Durante el debate de toma en consideración de la iniciativa, solo el PP se expresó claramente en contra de ella, mientras que Ciudadanos aseguró que no impediría su tramitación avanzando así una abstención, y todos los demás grupos se mostraron partidarios de tramitar la propuesta.

El PDECat propone modificar el artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica para declarar "la ilegitimidad y nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones".

En otro apartado, propone especificar que, "por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad y nulidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa".

Finalmente, pide declarar "ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

La propuesta incluye una disposición adicional para que, en el plazo de seis meses posteriores a la aprobación de la reforma, el Gobierno presente un informe sobre la implementeación de la ley y su uso por parte de las víctimas para ajustar los modelos y medidas a sus reclamaciones, estableciendo canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y las asociaciones.

FALTA DE RECURSOS PARA "DESACTIVARLA"

El PDECat denuncia las dificultades de las familias de esas víctimas para lograr la nulidad efectiva de esas sentencias, ya que los jueces alegan que no tienen sustento legal para hacerlo, así como la falta de ayudas públicas para localizar, exhumar, identificar y enterrar a los desaparecidos.

El socialista José Zaragoza defendió la Ley de Memoria Histórica y denunció la "falta de recursos" con la que el PP ha querido "desactivarla" para anular sus efectos, y alertó de que no ha tenido un "recorrido suficiente" para dar una respuesta plena al objetivo con el que fue impulsada.

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Xavier Domènech, denunció que alegar inseguridad jurídica para impedir esa nulidad implica reconocer seguridad jurídica en el franquismo, algo que va frontalmente en contra de la reparación a las víctimas. Se mostró además convencido de que el motivo real para esa resistencia es la consecuencia que implicaría para el patrimonio que fue transferido "vía represión", y criticó el "espíritu guerracivilista" que destila el PP cuando, por ejemplo, dice a sus adversarios políticos que acabarán como Lluis Companys. "Vergüenza", dijo.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dejó claro que su grupo no se opondrá a la tramitación, pero lanzó un llamamiento al consenso para no "utilizar el pasado", y precisó que "mirar atrás" no es la prioridad de su partido.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, alertó de que su voto favorable a la tramitación será más adelante en contra si no se asume la ilegalidad de los tribunales franquistas. Desde 2007, aseguró, todas las iniciativas de familiares de víctimas se han topado con la imposibilidad de declarar nulas las sentencias porque esos tribunales siguen siendo legales.

También anunció voto a favor el portavoz del PNV, Mikel Legarda, que subrayó la existencia de una "deuda moral y cívica" con las víctimas que no está plenamente saldada. Eso no significa, precisó, que la ley "no haya servido para nada", pero sí tiene "defectos" en el cumplimiento.

En nombre del PP, Francisco Martínez alertó de que nadie puede buscar "tibieza" de su partido en la condena de los tribunales "siniestros" porque es plenamente consciente "de todas las etapas oscuras de nuestra historia". Sin embargo, considera que la iniciativa "carece de rigor jurídico" y pretende solo crear un debate "artificial" sobre una materia debatida de forma "exhaustiva".