El diputado de Ciudadanos Francisco Igea recordó en su intervención que en el año 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar.

Este protocolo tiene como principal objetivo la promoción de "la coordinación interinstitucional para mejorar la atención a los menores de edad víctimas de maltrato familiar, evitando la victimización primaria y secundaria que pudieran sufrir en el proceso de intervención".

Sin embargo, “tres años después de la aprobación de este protocolo, consideramos que es preciso que se revise. Diferentes casos han puesto de manifiesto deficiencias de este que, incluso, han conllevado desenlaces fatales para menores. Un ejemplo claro es el ocurrido el pasado mes de agosto en Valladolid, donde una menor de cuatro años falleció a causa de la parada cardiorrespiratoria que le causaron los malos tratos ejercidos por su progenitor”, añadió Igea.

Por ello, la PNL solicita agilizar los tiempos de atención a los menores víctimas de agresiones, leves o graves, tanto por parte de los profesionales educativos como sanitarios, trabajadores sociales, fiscales, jueces y fuerzas y cuerpos de seguridad. A ello se añade la introducción de medidas que limiten la exposición de los menores en riesgo de agresión al entorno perjudicial.

Otras medidas se refieren al ámbito sanitario para que no se produzca el alta hospitalaria del menor en casos leves y graves de violencia hasta la valoración del riesgo por los servicios sociales.

En este sentido, el diputado socialista Luis Carlos Sahuquillo hizo hincapié en que “la responsabilidad de los servicios sociales es clave en estos casos, por lo que habría que reforzarlos”. Para la diputada popular Silvia Heredia, “cada comunidad autónoma debería desarrollar su propio protocolo de prevención”.

Por otro lado, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja también aprobó por unanimidad la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al cribado neonatal de inmunodeficiencias combinadas graves y que constituyen una urgencia pediátrica. Como consecuencia de esta enfermedad, los pacientes sufren infecciones graves por bacterias, virus y hongos.

Por ello, el Grupo Popular solicitó, en consenso con las comunidades autónomas, incluir en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud el cribado neonatal de inmunodeficiencias combinadas graves.