El CGPJ necesita unos 100 jueces en 2018 para las 'cláusulas suelo'

MADRID
SERVIMEDIA

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) necesita para 2018 unos 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender las reclamaciones de las 'cláusulas suelo'.

El CGPJ informó este lunes de que su presidente, Carlos Lesmes, facilitó estos datos al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y a los representantes de las comunidades autónomas con los que se reunió hoy.

En concreto, Lesmes explicó a sus interlocutores de su previsión de necesidades para 2018 en los juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las cláusulas suelo.

La estimación es que el año que viene se precisarán un total de 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados. Este cálculo se ha realizado tras analizar las necesidades comunicadas por los Tribunales Superiores de Justicia, los informes del Servicio de Inspección sobre la evolución estadística del número de demandas ingresadas y la comparación con los asuntos de carácter ordinario en la jurisdicción civil.

ESPECIALIZACIÓN DE JUZGADOS

El CGPJ añadió que también serían necesarios 23 letrados de la Administración de Justicia a tiempo completo y otros 29 a tiempo parcial, según la información facilitada este lunes a los representantes de las Administraciones. Por parte del Consejo estuvieron, además de Lesmes, los vocales de la Comisión Permanente y el vocal Gerardo Martínez Tristán, coordinador del plan de urgencia puesto en marcha el pasado 1 de junio.

Este plan consiste en la especialización de juzgados de Primera Instancia -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados las cláusulas suelo y otros asuntos como vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El plan de urgencia fue aprobado con una vigencia inicial de siete meses, hasta el próximo 31 de diciembre, y su continuidad más allá de esa fecha precisa del informe favorable del Ministerio de Justicia, según lo establecido en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Catalá, quien asistió este lunes a la reunión de coordinación, anunció que estudiará la información facilitada por el CGPJ y que en un plazo breve se pronunciará sobre la prórroga del plan.

(SERVIMEDIA)
13 Nov 2017
NBC/gja