El Ejecutivo ha contestado por escrito a una pregunta de la diputada de Unidos Podemos Eva García sobre el empleo de la conocida como ‘ley mordaza’ en dos casos ocurridos este año: contra el periodista Raúl Solís, que cubría en marzo una manifestación en Sevilla contra el autobús de Hazte Oír, y contra la periodista Cristina Fallarás en una manifestación convocada en mayo frente a la Embajada de México en Madrid.

El Gobierno afirma que, tal y como ha reconocido el Defensor del Pueblo, el ejercicio de un derecho fundamental como la libertad de expresión tiene límites si está en juego el beneficio del interés público y siempre que se apliquen bajo “los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad” por parte de los agentes actuantes.

En el caso de la periodista Fallarás, el Gobierno alega que fue sancionada porque desobedeció los mandatos de un agente de la autoridad al situarse en un determinado lugar y cuando fue requerida para que se identificase se negó en un primer momento.

"Los derechos fundamentales no son absolutos y la labor de los agentes de la autoridad debe ser respetada para que la seguridad ciudadana de todos esté a salvo. De ningún modo se está utilizando la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para desmotivar a los profesionales de los medios de comunicación en ninguno de sus cometidos, y mucho menos en ejercicio del derecho a la libertad de información”, afirma la contestación, a la que ha tenido acceso Servimedia.