Los abogados de Puigdemont confían en que no se produzca la entrega basándose en el argumento de que la rebelión no figura en la lista de 32 delitos para los que la euroorden establece una entrega casi automática, ni tampoco existe en Código Penal belga, lo que impediría su extradición.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela reclama a Puigdemont y a los exconsellers por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia. La magistrada remitió la orden de busca, captura y entrega fundamentando su reclamación, argumentos que deben ser valorados por el juez belga, que tendrá que comprobar si hay delitos equivalentes en el ordenamiento jurídico belga.

Fuentes jurídicas aseguran que aunque el Código Penal belga no recoge el delito de rebelión, sí tiene otras figuras a las que se pueden asimilar los hechos que se atribuyen a Puigdemont. Así, el artículo 104 recoge el “intento de destruir o cambiar la forma del gobierno o el orden de sucesión al trono, o hacer que los ciudadanos o habitantes se levanten en armas contra la autoridad real, las cámaras legislativas o uno de ellos”. Este delito está condenado en Bélgica con entre 20 y 30 años de cárcel, penas que se encuentran en el mismo rango punitivo que el delito de rebelión del Código Penal español.

ALARGAR LA CAUSA

La Justicia belga no ha acordado la prisión provisional mientras se resuelve la petición de Lamela, ni tampoco la ha rechazado de plano. El procedimiento se puede dilatar hasta 90 días en casos excepcionales.

El letrado elegido por Carles Puigdemont para llevar su defensa es Paul Bekaert, un conocido penalista flamenco especializado en retrasar las órdenes de extradición de presos etarras. Su bufete de abogados se encuentra en Tielt, una localidad flamenca cercana a Gante. Bekaert ya ha anunciado sus intenciones de agotar todos los plazos posibles y de luchar hasta el final.

Su estrategia se basa en retrasar el procedimiento argumentando la supuesta falta de independencia de la Justicia española por contraposición a la Justicia “verdadera”, la dictada por los tribunales belgas, y la hipotética vulneración de los derechos fundamentales de su cliente en caso de regresar a España.

Tras el veredicto del juzgado de primera instancia, las partes pueden apelar ante un segundo tribunal que también cuenta con otros 15 días para tomar una decisión. El periplo judicial se puede alargar aún más con la posible apelación ante el Tribunal de Casación, que contaría con otros 15 días para dar una respuesta. En total, Puigdemont y sus exconsejeros pueden prolongar el proceso hasta 90 días, previstos para circunstancias excepcionales.