Baleares acotó las corridas de toros a 10 minutos por animal, limitando el festejo al prohibir lesiones y la muerte del toro en una ley que entró en vigor en agosto de este año y que contó con el aplauso de los colectivos animalistas. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy, que pide la suspensión cautelar de la ley, ha detectado que “incumple determinados preceptos de leyes estatales”.

El presidente del Gobierno, con capacidad para presentar recursos de inconstitucionalidad, pedirá al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre este aspecto, según acordó este viernes el Consejo de Ministros. “Islas Baleares no tiene recogido en su Estatuto de Autonomía competencias específicas para la protección de los animales”, indicó el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.

En base a esta ley autonómica los espectáculos taurinos debían contar con un máximo de tres toros y una duración de hasta 10 minutos por animal, mientras que los astados debían ser devueltos a los corrales.

También regulaba el peso y la edad de los toros, que debían tener entre cuatro y seis años, así como un peso entre los 410 y los 480 kilos, dependiendo de si iban a ser toreados en plazas de primera, segunda o tercera.

Para evitar el maltrato, los únicos utensilios que podían utilizarse eran el capote y la muleta, por lo que se prohibieron otros como divisas, puntas de pica, banderillas, picas, farpas, estoques o espadas, verduguillos, puñales o cualquier “instrumento punzante que pueda producir heridas o la muerte del toro”.

Cuando se produzca la suspensión cautelar, la ley quedará sin efecto hasta que el Tribunal Constitucional falle a favor o en contra del recurso presentado por La Moncloa al considerar que “menoscaba competencias estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles”.