El Defensor del Pueblo cree necesario valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas, y que se garantice, con un grado de certeza acorde con su importante relevancia ecológica, que el espacio no se va a ver negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas, así como que los riesgos sísmicos se reduzcan al mínimo posible, según informa la institución en un comunicado.

Además, la defensoría se ha dirigido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro proyectos.

Estas sugerencias se producen tras haber analizado la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que solicitó el Defensor del Pueblo el pasado mes de julio.

El Defensor ya advirtió en 2013 sobre la insuficiencia de la evaluación ambiental de los cuatro proyectos por separado. Ahora, ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de la asociación ecologista Greenpeace y una solicitud del Defensor del Pueblo Andaluz.

El informe del IGME genera dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero.

En opinión del Defensor, el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a este espacio.

Por último, la institución ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare cuál es el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar y la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía.