Fuentes jurídicas indicaron que la cantidad se consignó esta misma mañana en el juzgado por un total de 11 fiadores que han hecho frente conjuntamente al pago. Una vez comprobado el ingreso, el magistrado ha dictado auto de libertad dirigido al juzgado de Colmenar, que es el competente para tramitar la excarcelación.

Este miércoles pasaron por el juzgado varios familiares y amigos del expresidente, entre ellos una hermana y sus hijas, que acudieron a formalizar el pago de la fianza.

González se encuentra encarcelado desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación en la denominada ‘operación Lezo’. Tras su salida de prisión, el juez le impone como medidas cautelares la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales en el juzgado de la Audiencia o el más cercano a su domicilio.

García-Castellón toma esta decisión después de que el pasado 25 de agosto la Sala de lo Penal de la Audiencia rechazara otro recurso presentado por González para conseguir la libertad provisional. Los jueces rechazaron esta petición a la vista de la "progresiva cristalización de los diferentes indicios de criminalidad" contra el expresidente autonómico y, por tanto, de un creciente riesgo de fuga.

DECÍA NO TENER DINERO

Con esta decisión de agosto pasado, la Sala confirmaba la prisión incondicional acordada por el juzgado central de Instrucción número 6 y rechazaba por segunda vez la solicitud de excarcelación de González, quien alegó en su recurso que no existía riesgo real de fuga ni peligro de destrucción u ocultación de pruebas.

El exmandatario madrileño alegaba entonces que no posee medios económicos en el extranjero con los que emprender nueva vida en Sudamérica, así como que tampoco se había tenido en cuenta su arraigo personal y familiar en España.

Sin embargo, los magistrados detallaban los delitos que se le atribuyen al expresidente de la Comunidad de Madrid y señalan que, a mayor gravedad de la pena que se le pudiera imponer, "más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la Justicia".