En la declaración se expone que la dislexia es un “desorden de origen neurológico de carácter permanente que provoca una dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura, impidiendo a las personas que la padecen comprender correcta y eficazmente la información escrita”, y se señala que “se estima que afecta a un significativo porcentaje de la población, y con repercusión en el fracaso escolar", lo que "condiciona su desarrollo académico, personal y social”.

“Para hacer frente a este trastorno, un sistema educativo inclusivo debe prestar una especial atención y aportar recursos a la detección precoz y atención educativa de los alumnos que presentan estas dificultades específicas, teniendo en cuenta, además, que el carácter permanente de la dislexia requiere adaptaciones y ajustes imprescindibles en la labor que realizan los centros educativos de todas las etapas de forma que las personas que la sufren puedan desarrollar todo su potencial”, agrega la declaración.

Por todo ello, todos los grupos parlamentarios “se comprometen a apoyar las iniciativas de asociaciones e instituciones que mejoren el desarrollo de las personas disléxicas; asimismo, reconocen y apoyan la magnífica labor que desarrollan aquellos maestros y profesores que atienden a alumnos con dislexia en los centros educativos”.