La magistrada acordadó enviar a prisión incondicional a los ocho exmiembros del Gobierno catalán el pasado día 2 de noviembre, atendiendo a la petición que realizó en este sentido la Fiscalía.

La instructora justificó su decisión en el “alto riesgo de reiteración delictiva”, “la alta probabilidad de que puedan alterar o destruir” pruebas y el alto poder adquisitivo de los investigados, que les permitiría la huida al extranjero y su supervivencia fuera del país.

En el recurso, los investigados destacan que han acudido a la llamada de la justicia y que no hay peligro de destrucción de pruebas, puesto que todos los actos que se les achacan son públicos y relacionados con su actividad política.