La plataforma, promovida por entidades como la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) o el Colegio de Abogados de Madrid, hace esta petición a los grupos aprovechando la tramitación de una proposición de ley de protección del denunciante, que deja fuera a las filtraciones.

La PDLI quiere que este texto, que actualmente se encuentra en fase de enmiendas en la Comisión Constitucional, recoja las recomendaciones de la resolución del Parlamento Europeo aprobada hace poco más de una semana “sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos”.

En esta resolución, la Eurocámara instaba a los Estados miembros, entre otras medidas, a que “adopten todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de las fuentes de información, a fin de evitar actuaciones discriminatorias o amenazas”.

La PDLI advierte de que tanto los denunciantes que revelen información relevante mediante la filtración de documentos, como, en algunos casos, los periodistas y medios que trabajen con este material, se enfrentan a serias amenazas legales. Además, subraya que la situación jurídica, lejos de mejorar, se ha agravado en los últimos años porque la última reforma del Código Penal sitúa a las filtraciones en la esfera del terrorismo, al considerar como tal los delitos informáticos (artículo 573).

Éstos, por una modificación de última hora, incluyen a quien “por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático” (artículo 197 bis).

Frente a la actual “desprotección legal”, la PDLI reclama que los denunciantes que revelan documentos confidenciales se encuentren amparados por un marco legal adecuado.

REVELACIÓN DE SECRETOS

Entre otros cambios necesarios en la proposición de ley sobre denunciantes, la PDLI solicita que se garantice el anonimato del informante, que pueda tener estatus de denunciante cualquier persona y no solo aquellas vinculados a la administración pública, que las irregularidades de las que se alerten puedan ser también del ámbito privado (empresas), y que la obtención de la información protegida incluya, con las cautelas necesarias, el acceso a sistemas o dispositivos.

Esto supone, entre otras reformas, que se modifique la ley para que la Fiscalía pueda dejar de acusar por el delito de revelación de secretos cuando la información obtenida pueda fundamentar la persecución de graves delitos de corrupción y sea de prevalente interés público para la ciudadanía, o la modificación del Código Penal en lo relativo a delitos informáticos.

La PDLI lleva al Congreso esta propuesta un día después de que se hayan publicado los ‘papeles del paraíso’, una investigación periodística basada en una filtración múltiple que incluye 13,4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios ‘offshore’ y los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas: en total 1,4 terabytes de información recibidos en los que han trabajado más de 380 periodistas de 67 países durante un año.