Esta modificación pretende eliminar la posibilidad de que en los procedimientos de incapacitación legal los jueces puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad, lo cual, segun Down España, "es una violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008".

"Y es que, según datos de la Oficina del Censo Electoral, casi 100.000 personas con discapacidad están privadas en España del derecho político fundamental a ejercer el sufragio, situación inadmisible sobre la que Naciones Unidas advirtió a España en 2011, conminándola a modificar con urgencia su legislación electoral para adecuarla al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad", concluye Down España.