Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, esta decisión representa un “nuevo atentado” contra la democracia venezolana y contra la Asamblea Nacional del país, “único poder legislativo legítimo y depositario de la soberanía nacional”.

Asimismo, denunció que el “procedimiento utilizado y la represión contra la oposición democrática representan un atropello contra el Estado de Derecho y contra el principio de la separación de poderes”.

Del mismo modo, reiteró su “decidido compromiso” hacia todas aquellas iniciativas que permitan alcanzar una “solución pacífica” dentro de un “diálogo urgente, efectivo e inclusivo”, con “pleno respeto” al Estado de Derecho y a la separación de poderes en Venezuela.

También exigió la liberación de los “presos políticos” y la puesta en marcha de un “canal humanitario” que permita mejorar las condiciones de vida de los venezolanos.

El Tribunal Supremo venezolano ha pedido a la Asamblea Nacional a instancias del Gobierno que retire el fuero parlamentario a Guevara y le impida salir de Venezuela. Las autoridades del país caribeño le responsabilizan de dirigir las protestas que tuvieron lugar entre abril y agosto de este año.