El pasado 22 de junio la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad la proposición de ley de iniciativa legislativa para su envío al Congreso de los Diputados, que es quien tiene la capacidad para modificar la Loreg.

La iniciativa, promovida por el PSOE en la Asamblea de Madrid, persigue otorgar el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, en particular a los discapacitados intelectuales o psicosociales a los que ahora se puede privar de ese derecho.

Los diputados regionales Alfonso Serrano (PP), Mónica González (PSOE) y Beatriz Gimeno (Podemos) serán los encargados de defender ante el Congreso la iniciativa legislativa.

La propuesta recoge una reivindicación histórica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que reclama la modificación del artículo 3 de la Loreg con la suspensión de los dos apartados que establecen que carecen de derecho a sufragio "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme", así como "los internados en un hospital psiquiátrico", siempre que se indique expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

La iniciativa incluye una disposición adicional que establece que "las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley".

Desde la entrada en vigor en España de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace ocho años, han sido 12 los procesos electorales celebrados en los que más de 100.000 personas no han podido participar por tener una discapacidad.

El pasado viernes, días antes de que se debata la propuesta en el Congreso, el Cermi reiteró su petición a los grupos parlamentarios para que respalden esa reforma, secundando la unanimidad lograda en la Asamblea de Madrid.

La privación de ese derecho es, según el Cermi, una violación "inadmisible" de los derechos de ese colectivo, sobre la que Naciones Unidas advirtió a España en 2011, emplazando a los legisladores a modificar con urgencia esa normativa para adecuarla a la Convención.

La aspiración del Cermi es que la iniciativa sea tomada en consideración y tramitada en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, de forma que en pocos meses pueda subsanarse "este grave déficit democrático que padece nuestro sistema electoral".