A través de un comunicado, este sindicato, que es mayoritario entre los funcionarios del Estado, sostuvo que está garantizada la “seguridad” de los exconsejeros catalanes, que ingresaron en las prisiones madrileñas de Estremera y Alcalá Meco.

Según CSIF, los trabajadores de las cárceles no se ven afectados por la “presión” que supone que ingresen exmiembros de un Gobierno autonómico o investigados por corrupción de relevancia pública.

Este sindicato destacó la profesionalidad de los funcionarios de prisiones “a la hora de garantizar la seguridad y el correcto tratamiento de estas personas en el ámbito penitenciario, como no puede ser de otra manera”.

CSIF confluyó que la “dedicación” de los empleados públicos permite velar por los derechos de los reclusos y cumplir “con las obligaciones” que les son marcadas a los funcionarios “por las leyes y reglamentos”.