Fuentes policiales informaron a Servimedia de que Villarejo ha sido arrestado dentro de una investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional y con intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

El excomisario fue detenido por agentes de Asuntos Internos de la Policía, que es el departamento de este cuerpo de seguridad de investigar a sus propios funcionarios.

A este respecto, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz encargó en marzo de 2015 una investigación sobre el patrimonio de Villarejo, después de que se publicase que estaba relacionado con 12 sociedades con 16 millones de capital.

Esta investigación fue cerrada sin que se concluyese que el excomisario hubiera cometido irregularidades. Precisamente, Fernández Díaz dijo entonces que las actividades empresariales de Villarejo durante décadas “estuvieron autorizadas y acreditadas por los órganos y unidades correspondientes en su momento”.

Según el exministro, de las 16 empresas en que figura el exmando policial ahora detenido “unas funcionaban y otras no” y, además, fueron creadas hace tiempo.

Según informó la Fiscalía Anticorrupción la `Operación Tandem´ tiene por objeto el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios.

En total se ha detenido a seis personas, y se están practicando más de una decena registros en domicilios y sedes de empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia, que han sido autorizados por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, habilitado como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 3, que dirige Carmen Lamela, en funciones de guardia.

Entre los detenidos, además de Villarejo, hay otro comisario del Cuerpo Nacional de Policía, que prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia, y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.

Los hechos, según la primera evaluación de la Fiscalía, podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.