La Fiscalía ha confirmado que esa denuncia motivó la apertura de un expediente interno que ya se ha cerrado “sin iniciar diligencias de investigación”. Hasta el momento no hay otras denuncias en ese mismo sentido, ni en relación a la CUP ni para otros partidos.

El ministerio público informó que ya se habían registrado “algunas denuncias de ciudadanos particulares solicitando la ilegalización” de “otros partidos” en el pasado. Todas ellas han sido igualmente archivadas, según las mismas fuentes.

La citada denuncia se dirigía contra la CUP como alentadora de actos “inconstitucionales que atentan frontalmente contra el Estado de Derecho” y van contra el ordenamiento jurídico. Les responsabilizan de “apoyar y promover públicamente un acto, autodenominado referéndum de autodeterminación, que vulnera flagrantemente los principios rectores elementales de nuestra Constitución".