La institución ha iniciado los trámites tras recibir una queja de una asociación que exponía el caso concreto de un migrante que, a pesar de haber sido declarado menor por parte de la Fiscalía Provincial de Barcelona, no fue puesto a disposición de la entidad de protección de menores por no existir plazas vacantes en los centros de acogida.

Según la asociación que presentó la queja, este menor habría pasado varias noches en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde fue internado en un calabozo junto a otros cuatro menores y no se le permitió salir de la celda durante el día, tan siquiera asearse, cambiarse de ropa o realizar una llamada telefónica.

Según la denuncia, habría más supuestos menores durmiendo en una sala de espera y sobre colchonetas, todo ellos menores que no habrían cometido ningún delito, simplemente esperan que se les tramiten las pruebas médicas que certifiquen su edad.