Este estudio recoge datos sobre la importancia de la participación, la forma de participar y de garantizar que las opiniones de las personas con discapacidad están verdaderamente representadas. Además, trata sobre la representatividad y sus requisitos, los posibles sistemas de elección de las personas representantes, y los mecanismos de control a las mismas, así como las peticiones concretas a las asociaciones y entidades.

En este sentido, el 96% de las personas consultadas considera importante o muy importante que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo participen en la toma de decisiones de su asociación o fundación, mientras que solo un 2% cree que los actuales ‘grupos de autogestores’ existentes en muchas entidades garantizan o representan bien su opinión ante la entidad.

Junto a esta inmensa mayoría que cree importante o muy importante participar en sus entidades, otro 74% cree que deben ser las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo las que representen al colectivo, por encima de sus familias o los profesionales.

A este respecto, Plena Inclusión remarcó que la Convención de la ONU sobre los Derechos de personas con discapacidad habla en su artículo 29 del derecho a “participar en la política y la vida pública, como por ejemplo en las asociaciones”, y la Estrategia Discapacidad Española 2012-2020, hace una alusión específica a ampliar esta participación en organizaciones sociales, fundaciones y entidades, afirmando que necesariamente pasará por “el liderazgo de las organizaciones constituidas por personas con discapacidad y sus familias”.

Otros datos de interés de la encuesta es que solo el 3% considera importante que los representantes sepan leer, lo que plantea el reto de garantizar la accesibilidad cognitiva.

Por último, sobre la elección de estos representantes, un 28% piensa que para ello deben elegir a sus propios representantes en cada centro, aula o taller; un 18% cree que deben participar directamente en las reuniones y/o asambleas y otro 10% cree que debe tener representación directa en los órganos de decisión como juntas directivas.