Según estos datos recogidos por la Cámara de Comercio de España, el estudio “revela el mantenimiento de la competitividad de la economía española durante el presente ejercicio”.

De este modo, España se sitúa por delante de países del entorno inmediato, como Francia (puesto 31), Países Bajos (32), Japón (34), Italia (46), Bélgica (52) o Israel (54).

El estudio del Banco Mundial mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial, a partir de indicadores cuantitativos referidos a 11 áreas del ciclo de vida de una empresa.

Entre estas áreas, España conserva desde hace años la primera posición a nivel mundial en cuanto al contexto propicio para el comercio transfronterizo, junto con otros 15 países.

Asimismo, España está situada de modo favorable, entre las primeras 30 primeras economías del mundo, en lo relativo a los trámites para la resolución de las insolvencias, la protección de los inversores minoritarios, y el cumplimiento de los contratos. También es destacable la posición alcanzada en cuanto a la simplificación para el pago de impuestos y para la obtención de electricidad.

Los ámbitos donde la clasificación española es más modesta se corresponden con la apertura de un negocio y el manejo de los permisos de construcción. No obstante, en estas dos cuestiones se ha avanzado durante el ejercicio respecto a los países líderes de ambos ámbitos.

La Cámara de Comercio española indicó que el paulatino avance en la mayor parte de los indicadores recopilados por el Banco Mundial “revela la mejora gradual del contexto regulatorio en el cual se desarrolla la actividad productiva española, circunstancia directamente vinculada al progreso en la capacidad competitiva de nuestro tejido empresarial”.

De hecho, “España ha mantenido su posición comercial en los mercados mundiales de bienes, servicios e inversiones, en un entorno de creciente competencia y desequilibrios tanto internos como externos”, recalcó la Cámara de Comercio.

En este sentido, comentó que tras esta trayectoria “están las reformas emprendidas en los últimos años en ámbitos como el fiscal, laboral, concursal o societario”. Por ello, “el sostenimiento y mejora de la posición competitiva de España en los próximos años pasa por continuar con la simplificación burocrática y las reformas estructurales pendientes, especialmente en determinados ámbitos sectoriales”, remarcó.