ACS presentó este martes ante los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao una demanda de impugnación de los acuerdos aprobados en la última junta de accionistas de Iberdrola. En dicha Junta, los accionistas de la eléctrica impidieron que representantes de la constructora entraran en su Consejo de Administración, a pesar de contar con más del 12% de su capital social, bajo la premisa de que entre ambas empresas hay un conflicto de competencia.

Según la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, Iberdrola actuó en la Junta conforme a la legalidad vigente, que es "absolutamente clara" en el artículo 132 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando habla de la separación de consejeros y señala expresamente que "los administradores que lo fueren de otra sociedad competidora y las personas que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad cesarán en su cargo a petición de cualquier socio y por acuerdo de la junta general".

Además, la eléctrica recordó que el cese del representante nombrado por ACS en la Junta de Iberdrola fue aprobado por el 81,5% de los accionistas de la sociedad.

El conflicto de competencia entre el grupo ACS y el grupo Iberdrola es, según la compañía, "distinto de lo que es un simple conflicto de interés", y está acreditado por diversos informes económicos y dictámenes jurídicos elaborados por PricewaterhouseCoopers, Nera, Uría y Menéndez, Ramón y Cajal y Cortés Abogados, que fueron puestos a disposición de los accionistas en la Junta General.

Estos informes y dictámenes, así como las respectivas presentaciones de resultados correspondientes al ejercicio 2009, "evidencian que ambas compañías son competidores reales en numerosos mercados y han rivalizado en licitaciones nacionales e internacionales para la prestación de servicios y la realización de proyectos".

La competencia es particularmente intensa en diversas áreas estratégicas de Iberdrola, extendiéndose, entre otras, a la producción de energía, una de las principales áreas de negocio del Grupo.

Iberdrola, que contará con Uría y Menéndez como asesores en este asunto, espera que ACS acredite que es accionista agrupado durante todo el tiempo que dure el proceso de impugnación y que aglutine el número suficiente de acciones en función del nuevo capital social de la empresa y de la reducción a 14 del número de consejeros, dentro de las mejores prácticas de gobierno corporativo.

En conclusión, Iberdrola afirma que ACS mantiene un conflicto de competencia estructural y permanente con la compañía.