El citado convenio, adoptado en junio de 2011 y en vigor en 22 países, establece las condiciones laborales mínimas en este sector de actividad, dispone los derechos y principios básicos y exige a las Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos.

Estas normas mínimas abarcan ámbitos como el respeto y protección de los derechos fundamentales en el trabajo (libertad de asociación, negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso y abolición del trabajo infantil), información sobre condiciones de empleo, horas de trabajo (tiempo de trabajo y descanso, horas extra, vacaciones pagadas y remuneración) o seguridad social y cobertura de la maternidad.

En la iniciativa se explica que el Gobierno español no lo ha ratificado “a los efectos exclusivos de su conocimiento, sin proporcionar argumentos claros que motivasen tal decisión y dejando a las trabajadoras del hogar en condiciones de desigualdad con respeto al resto de sectores”.

Según Podemos, el empleo en el sector de los servicios del hogar “siempre se ha caracterizado en nuestro país por la precariedad, la irregularidad y la desprotección social”.

En la citada iniciativa se aclara que “a no ser que se acepte retroceder en el reconocimiento de derechos de este colectivo, en línea de la última reforma legal mencionada, es incompresible que no se ratifique un convenio dirigido a dignificar el trabajo doméstico”.

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa el empleo doméstico ocupa a 614.000 personas en España, de las cuales un 90% son mujeres y según el movimiento laboral registrado el 54% de las personas afiliadas al régimen del hogar son extranjeras.

Además, el 30% de las personas empleadas en el sector doméstico en España no está afiliado a la Seguridad Social, según un informe de la propia OIT que subraya que la media del resto de colectivos en trabajo no declarado es diez puntos porcentuales menor, el 20%.

“Esto último significa que, aunque las reformas legislativas de 2011 para regularizar a este colectivo supusieron una importante transformación, la situación se ha estancado y en la actualidad, 189.777 empleadas de hogar no declaran su trabajo”, a juicio de Podemos.