Según informó API en un comunicado, sus representantes expusieron “la problemática de la intermediación y gestión inmobiliaria en España, donde no se exige ningún tipo de requisito de capacitación, solvencia o responsabilidad para ejercer esta actividad”.

En este sentido, el presidente del Consejo General de API, Diego Galiano, afirmó que “estamos pidiendo a todos los grupos políticos que se extienda también al consumidor inmobiliario la elevada protección que se está comenzado a aplicar al consumidor financiero”.

Además, Galiano añadió que “es muy necesario que tres principios constitucionales como el derecho a la vivienda, a la protección de los consumidores y a la seguridad jurídica se plasmen de forma conjunta como base de una norma reguladora de la actividad profesional, la cual debe recoger medidas claras y contundentes para proteger a los ciudadanos que adquieren una vivienda, que es la mayor inversión que realizan en su vida la mayoría de los españoles”.

En este sentido, Galiano pidió “una regulación de ámbito estatal del contrato de mediación o corretaje, identificando y registrando a los agentes inmobiliarios que acrediten conocimientos, capacitación y garantías suficientes, reforzando todas sus obligaciones y responsabilidades en el negocio jurídico inmobiliario, especialmente la de información veraz y completa”.

Sobre la reunión, en la que estuvieron presentes los diputados Teresa Palmer, Tristana Moraleja y Miguel Ángel Paniagua, portavoces de Economía, Industria y adjunto de Hacienda del Grupo Popular, respectivamente, Galiano afirmó que fue “muy cordial y fructífera”. Además, API pidió participar en la Comisión del Congreso sobre la crisis financiera como expertos en el sector de la Vivienda.

El encuentro mantenido con el Partido Popular forma parte de una ronda de contactos emprendida por el Consejo General API con los partidos políticos con representación parlamentaria, que les ha llevado a reunirse previamente con representantes del PSOE, ERC y Compromís.