A su juicio, con esta decisión, se han puesto “en serio riesgo los fundamentos del progreso de catalanes y del conjunto de españoles, perjudicando muy especialmente a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Por ello, hizo un llamamiento “a los legítimos poderes del Estado para que aseguren el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, así como la vigencia del Estado de Derecho”.

Asimismo, el Defensor del Pueblo realizó una declaración institucional en la que califica de “muy lamentable” la actitud que desde hace tiempo venían mostrando las máximas autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña, concretada en “una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado y en un palmario incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.

En este sentido, con esta “grave” decisión, el Defensor del Pueblo remarcó que se “dañan la reputación de todo el Estado Español en el ámbito internacional, y muy particularmente en el de la Unión Europea y del Consejo de Europa”.