Estos son algunos de los datos que se recogen en un libro que aborda la problemática de las personas con discapacidad en centros penitenciarios.

La profesora de Sociología de la UNED Rosa Mª Rodríguez Rodríguez presenta en esta publicación los resultados de una investigación realizada en el marco de un convenio de colaboración entre el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales de la UNED, la Fundación Sistema y Fundación ONCE.

Según advierte, la presencia de personas con trastorno mental va en aumento, ante la falta de dispositivos de intervención alternativos y políticas sociosanitarias adecuadas para atender y evitar el ingreso en prisión de las personas con problemas de salud mental que han cometido un delito.

En su opinión, la existencia en los centros penitenciarios de personas con distintos tipos de discapacidad (mental, intelectual, física, sensorial y orgánica) pone de manifiesto el deterioro de los derechos sociales y, por ende, los déficits del estado de Bienestar.

En la publicación se señalan las causas: el cierre de las instituciones psiquiátricas en la década de los años 80, la falta de políticas de intervención en Salud Mental, la inexistencia de centros educativos especiales y recursos residenciales públicos, las dificultades y los sobreesfuerzos de las familias ante los problemas de salud mental, la no detección o el diagnóstico correcto de una discapacidad intelectual, las enajenaciones inadvertidas en los denominados juicios rápidos, la no consideración de la discapacidad como eximente, total o parcial, del delito, etcétera.

Los objetivos principales de la investigación buscan identificar las situaciones de necesidad que tienen las personas reclusas con discapacidad y describir las variables que dificultan su vida en prisión. Se ofrece un diagnóstico general de las necesidades sociosanitarias y, también, de otras situaciones carenciales que pueden tener estos reclusos según el tipo de discapacidad (psíquica, intelectual, física, sensorial u orgánica).

De la investigación se concluye que muchas de las situaciones de necesidad que viven los internos con discapacidad revisten la naturaleza de deterioro de los derechos sociales básicos, que no pueden dejar de abordarse, de una manera integral o implicando a actores con diferentes niveles de responsabilidad que van más allá de los muros de una prisión.

Demandar a los centros penitenciarios que respondan a criterios de universalidad en su diseño, de acuerdo a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o que contemplen procesos y dispositivos de carácter sanitario, psiquiátrico, educativo y laboral, para atender las necesidades específicas de los reclusos con discapacidad en favor de la no discriminación y la igualdad de oportunidades, también en el ámbito de las instituciones penitenciarias, supone, a juicio de la autora, un reenfoque de la, en sí, ambiciosa función rehabilitadora y de reinserción social, asignada constitucionalmente a la institución penitenciaria.

Se concluye también que los Centros Penitenciarios no pueden ocuparse de todo aquello en lo que han fallado las políticas sanitarias, sociales y educativas previas, sobre todo cuando no se les dota de los recursos económicos y humanos precisos para ello.

“Este libro permite visibilizar, fundamentalmente, la problemática que viven estos reclusos pero, también, la que les sobreviene a los funcionarios de los centros para hacerles frente”, reconoce la autora.