En caso se someta al Parlament esta iniciativa secesionista, el Ministerio Público considerará consumado un posible delito de rebelión, que el Código Penal condena con hasta 30 años de cárcel. Este supuesto sólo se aplicaría si la declaración de independencia es explicita, en caso de ambigüedad se perseguirían los hechos como delito de sedición.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que “llegado el momento se ejercerán (acciones penales) contra todos quienes hayan participado en los hechos”, lo que apunta la posibilidad de que se proceda contra los miembros del Parlament.