Así se desprende de la propuesta que formalmente se somete a debate y votación del Pleno del Senado y que fue leída al comienzo de la sesión por la senadora Clara San Damián. La propuesta es el resultado del trabajo en la Comisión conjunta creada para este trámite, e incluye algunas modificaciones respecto del texto inicialmente planteado por el Gobierno.

Ya el día anterior el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, aseguró que su partido no es "en principio" partidario de incluir la petición expresa de paralizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, convoque elecciones, aunque precisó que se puede "seguir hablando" y "hacer todos los esfuerzos" para llegar a un acuerdo en ese sentido.

Los socialistas insisten en la necesidad de incluir "una salida constitucional a la actual situación" en caso de que, antes de la publicación y entrada en vigor de la resolución final, Puigdemont convoque esas elecciones, siempre que esos comicios "estén dentro del marco constitucional y estatutario vigente", lo que implicaría volver a la legalidad.

También se sigue negociando la petición del PSOE de limitar el control que el Gobierno puede ejercer sobre los medios de comunicación públicos de Cataluña, ante la que el PP veía "posibilidades" de llegar a un acuerdo.

"El Gobierno, atendiendo a la evolución de los acontecimientos y a la gravedad de la situación, llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas por el Senado, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen", dice la propuesta sometida al Pleno del Senado.

Una de las modificaciones introducidas en la propuesta inicial del Gobierno preve la posibilidad de que sea un miembro del Gobierno quien asuma competencias en Cataluña, al establecer que, acordado el cese del presidente, del vicepresidente y de los consejeros de la Generalitat, el ejercicio de sus funciones corresponderá "al Gobierno de la Nación o a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación".

Se especifica además la previsión de que se pueda tratar de personas aforadas, al incluir la previsión de que la revisión jurisdiccional de los actos y disposiciones dictados por sustitución en las funciones o competencias de los órganos de la Administración de la Generalitat de Cataluña se sujetará a las previsiones de la legislación procesal.

Estos cambios se producen con la previsión, según indicaron a Servimedia fuentes de la negociación, de que la persona que coordine la acción del Gobierno vía 155 no sea un político sino que tenga un perfil "más técnico". Ese cambio en el texto sirve para garantizar que a esa persona asignada pueda aforarse y "protegerlo" así de posibles acciones judiciales de los independentistas.