La propuesta ha sido remitida junto a una carta por la vicesecretaria general de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, a los responsables de los partidos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados y sus portavoces parlamentarios.

En ella, se plantea “rebajar a un 20% los gastos de publicidad exterior, equiparándolos a los de publicidad en medios de comunicación, y limitando ambos a los quince días oficiales de campaña electoral”. Asimismo, considera necesario “agilizar la labor de fiscalización de Tribunal de Cuentas”.

Mato afirmó en un comunicado que “la delicada situación económica por la que atraviesa nuestro país requiere de serios ajustes para reducir la deuda y el déficit público y los partidos políticos debemos ser los primeros en dar ejemplo”.

“No podemos estar pidiendo sacrificios a los ciudadanos y que éstos vean que los partidos políticos gastamos y gastamos un dinero en publicidad, anuncios y propaganda, llenamos las calles de nuestras ciudades de cartelería cuando el Gobierno está congelando las pensiones y rebajando el sueldo a los funcionarios”, dijo.

EN BUSCA DEL MÁXIMO CONSENSO

A su juicio, “se puede gastar menos y gastar mejor” y para ello estudia aprovechar las oportunidades que ofrecen tanto los nuevos soportes tecnológicos como las nuevas redes sociales, y potenciar los debates electorales en medios de comunicación para hacer llegar los mensajes de las fuerzas políticas a los hogares españoles.

“Creemos necesaria una reducción sustancial de los gastos electorales, mucho más cuando en una situación de crisis como la que atravesamos tenemos que hacer frente a cinco procesos electorales en menos de dos años”, añadió.

La iniciativa del Partido Popular plantea una reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por lo que necesitaría del máximo consenso para ser aprobada.

Con esa idea, tiene previsto ponerse en contacto en los próximos días con los portavoces parlamentarios "tratar de llegar a un acuerdo” en esta materia, aunque su deseo es que la iniciativa no se reduzca sólo al ámbito estatal y pueda extenderse a las comunidades autónomas.