“La incompetencia y la falta de responsabilidad del presidente del Gobierno de España le ha llevado a adoptar medidas a destiempo, desacertadas, que van a incidir sobre el conjunto de los ciudadanos de este país y sobre los valencianos”, afirmó Camps.

Tras asegurar que la huelga “es un derecho legítimo de los trabajadores”, el vicepresidente económico destacó que las medidas adoptadas por el Gobierno central van a afectar especialmente a “los más débiles: los funcionarios, los pensionistas, y por la repercusión de la huelga prevista para mañana, el conjunto de la sociedad valenciana”.

Según opinó, “recortando el poder adquisitivo de los empleados públicos el Gobierno no está alentando el consumo, lo que ralentizará nuestras posibilidades de recuperación económica”.

En este sentido, el consejero consideró que estos recortes "van a repercutir sobre el bolsillo de los funcionarios y empleados públicos de esta comunidad, cuando desde el Gobierno podían haberse adoptados otras medidas más acertadas”.

Camps explicó que los recortes salariales aplicables en 2010 en la Comunidad Valenciana van a suponer 160 millones de euros, mientras que el recorte y la congelación para el año que viene alcanzará los 300 millones de euros.