“Lamento la decisión del Gobierno español de suspender la autonomía catalana. Esta acción constituye un retroceso en la protección de los derechos humanos, incompatible con los artículos 1, 19, 25 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). De conformidad con los artículos 10 (2) y 96 de la Constitución española, los tratados constituyen la ley del país y, por tanto, la ley española debe interpretarse de conformidad con los tratados internacionales”, señaló De Zayas en un comunicado.

De Zayas indicó que “negar a un pueblo el derecho a expresarse sobre el tema de la autodeterminación, negar la legalidad de un referéndum, usar la fuerza para evitar la celebración de un referéndum y cancelar la autonomía limitada de un pueblo a modo de castigo constituye una violación de artículo 1 del PIDCP y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

“Alternativamente, abordar la aspiración de los pueblos a la autodeterminación de manera oportuna es una importante medida de prevención de conflictos, como lo demuestran las innumerables guerras ocurridas desde 1945 que tuvieron su origen en la negación de la autodeterminación. Se debe alentar el diálogo y la negociación política para prevenir la violencia”, añadió.

De Zayas subrayó que “el Gobierno español parece invocar el principio de integridad territorial para justificar los intentos enérgicos de silenciar la disidencia política y las aspiraciones de autodeterminación”.

“Si bien el principio de integridad territorial es importante, como se entiende en muchas Resoluciones de las Naciones Unidas, incluidas las Resoluciones 2625 y 3314 de la Asamblea General, se pretende aplicar externamente para prohibir las amenazas o incursiones extranjeras en la integridad territorial de los Estados soberanos. Este principio no puede invocarse para aplacar el derecho de todas las personas, garantizadas por el artículo 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, a expresar su deseo de controlar su futuro", dijo.

En este sentido, agregó que "el derecho a la libre determinación es un derecho de los pueblos y no una prerrogativa de los Estados a otorgar o denegar" y que, "en caso de conflicto entre el principio de integridad territorial y el derecho humano a la libre determinación, es el último el que prevalece”.

“SOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”

El experto independiente de la ONU subrayó que “hay muchos pueblos en todo el mundo que aspiran a la autodeterminación, ya sea interna en forma de autonomía o externa en forma de independencia”, y que, “si bien la realización de la autodeterminación no es automática o de autoejecución, es un derecho humano fundamental que la comunidad internacional debería ayudar a implementar”.

De Zayas recalcó que “la ley internacional de autodeterminación también ha progresado mucho más allá de la mera descolonización” y consideró “evidente que “ningún Estado puede utilizar el principio de integridad territorial para negar el derecho de autodeterminación y que argumentos sobre la legalidad de las acciones tomadas por el parlamento electo de Cataluña son inmateriales”.

"La única solución democrática al ‘impasse’ actual es suspender las medidas represivas y organizar un referéndum para determinar los verdaderos deseos de la población en cuestión. Tal referéndum debería ser supervisado por la UE, la OSCE y observadores privados, incluido el Centro Carter", concluyó.