Según informaron a Servimedia fuentes de la investigación, la operación está siendo dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y tiene su origen en unas pesquisas que inició en 2006 la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

En la causa se ha logrado determinar que una serie de funcionarios estaban en connivencia con empresarios para enriquecerse perjudicando a la Administración en el suministro de distintos productos. Esto incluía, entre otros, contratos referidos a uniformes o a comida.

Por este motivo a los detenidos se les acusará de los delitos de fraude y malversación a la Administración pública. De los 14 arrestados, seis son funcionarios de la Policía -entre los que hay agentes y administrativos-, mientras que hay un funcionario de la DGT.

Los otros siete investigados son empresarios que contrataban con el Ministerio del Interior para abastecer de distintos productos y servicios a la Policía y a Tráfico.