Solo uno de cada seis periodistas ha trasladado preguntas al Gobierno usando las herramientas de esta ley aprobada hace cuatro años y únicamente uno de cada 12 ha elaborado información utilizando las respuestas.

Así lo refleja una encuesta entre 112 periodistas en activo cuyos resultados están incluidos en la tesis doctoral ‘Ley de transparencia y periodismo en España’, de la periodista de la Cadena Ser Mariela Rubio. Las conclusiones han sido publicadas en la revista 'Cuadernos de Periodistas'.

La Ley de Transparencia inició su andadura en 2014 sin despertar un gran entusiasmo entre los ciudadanos. Si en el Reino Unido se recibieron en el primer año de aplicación de la Ley de Transparencia (2005) 38.108 solicitudes de información dirigidas al Gobierno central y cerca de 130.000 dirigidas a los distintos organismos públicos, o en el caso de México en el primer semestre de vigencia de la ley se superaron las 24.000 solicitudes, en el Portal de la Transparencia de España apenas se registraron 7.087 solicitudes de información en los dos primeros años de actividad, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2016.

Los periodistas no creen que la Ley de Transparencia haya cambiado de modo significativo su relación informativa con la Administración. Preguntados específicamente al respecto, la gran mayoría de los periodistas, el 84,82%, considera que no ha cambiado “nada” (19,64%) o ha cambiado “poco” (65,18%) las relaciones entre instituciones y periodistas en materia de gestión de la información. Solo un 7,14% dice considerar que la Ley de Transparencia ha cambiado “bastante” las relaciones entre los profesionales de los medios y la Administración.

Además, la práctica totalidad de los encuestados (más del 91%) declara conocer esta ley y sus herramientas (Portal de Transparencia y Consejo de Transparencia), si bien solo un porcentaje mínimo (el 15%) considera que esta colabora significativamente en la transparencia de las instituciones públicas.

La gran mayoría de los profesionales de los medios de comunicación apenas visita el Portal de Transparencia del Gobierno, y solo uno de cada cuatro asegura haber elaborado noticias utilizando los datos disponibles. Aunque un 76,79% de los encuestados afirma haber visitado alguna vez este portal, el 83,72% de ellos reconoce visitarlo poco.

Son también mayoría quienes no encuentran útil la información contenida en él. El 37,5% asegura encontrarla “bastante” o “muy” útil, frente al 43,75% que la considera “poco” o “nada” útil.

El escepticismo manifestado por los encuestados al ser preguntados por el valor del Portal del Gobierno como herramienta periodística es aplicable además al resto de los portales de Administraciones e instituciones, ya que casi dos tercios de los periodistas los consideran de poca utilidad.

Uno de cada seis periodistas ha trasladado preguntas al Gobierno usando las herramientas de esta ley, y solo uno de cada 12 periodistas ha elaborado información utilizando las respuestas del Gobierno. Es decir, el 16% del total de encuestados dice haber trasladado preguntas, pero solo el 8% de ellos ha elaborado informaciones utilizando las respuestas recibidas.

La media de noticias elaboradas con datos obtenidos a través del sistema de pregunta-respuesta desde que la ley entró en vigor apenas llega a 0,2 por profesional.

EXCEPCIONES

Los periodistas señalan como mayores limitaciones de la Ley de Transparencia el gran número de excepciones recogidas en el texto legal, y consideran también que ese es el primer aspecto que debería mejorarse. Los profesionales de los medios creen no solo que estas deberían reducirse, sino que las áreas deberían definirse mejor para evitar la arbitrariedad y reducir al máximo el componente subjetivo en las resoluciones acerca de si determinada información debe o no hacerse pública.

La falta de capacidad sancionadora del Consejo de Transparencia es considerada por los encuestados como la segunda limitación por orden de importancia. Los periodistas creen que, ante la ausencia de un régimen sancionador, las administraciones tienden a mantener las mismas actitudes restrictivas que mostraban antes de esta ley; por ello, sitúan este asunto también como la segunda mejora más urgente de la LTBG.

Los profesionales de los medios de comunicación citan como tercera mejora necesaria la reducción de los tiempos de respuesta (un mes no se considera tiempo útil en términos informativos), y esta es la limitación que ocupa la cuarta posición para los encuestados.

Ampliar el número y definir mejor cuáles son las instituciones afectadas por esta ley es considerada la cuarta mejora más urgente, seguida, en quinta posición, por el rediseño del Portal de Transparencia para favorecer la navegabilidad y la claridad de la información expuesta.

El formato del portal es considerado por los encuestados como la tercera limitación más importante de dicha ley, seguida por la excesiva burocracia del proceso establecido para solicitar información.

PODEMOS E IU

Los periodistas encuestados suspenden en transparencia a casi todas las administraciones y otorgan un suspenso a la práctica totalidad de organismos por los que se les pregunta, ya que solo aprueban las ONG, con un 6,03 sobre 10, y las universidades, con un 5,15.

Las organizaciones consideradas menos transparentes son las siguientes: la Iglesia (1,99), el sector bancario (2,61), las organizaciones empresariales (3,19), los sindicatos (3,81) y los partidos políticos (3,87).

En cuanto a los partidos políticos, los periodistas solo aprueban a Podemos e IU, considerando, con mucha distancia, al PP como el partido más opaco. Según los encuestados, Podemos es el más transparente (5,17), seguido por IU (5,09), en tercera posición figura Ciudadanos (4,51), a continuación se sitúa el PSOE (4,26) y en el último puesto, a mucha distancia, el PP (2,97).