Esa resolución, recogida por Servimedia, indica que “las cuantías indemnizatorias del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación fijadas en ella quedan automáticamente actualizadas con efecto de 1 de enero de cada año en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.

El texto concreta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 establece “con carácter general” una revalorización de las pensiones del 0,25%, porcentaje en el que ascienden las cuantías indemnizatorias para las víctimas en accidentes de circulación. Esa actualización aparece en la web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, consensuada tras un trabajo de cuatro años entre las asociaciones de víctimas (Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y Stop Accidentes), de personas con discapacidad (Cermi, Fedace, Aspaym y Aesleme) y las aseguradoras, así como instituciones públicas como la Fiscalía de Seguridad Vial.

El actual baremo de indemnizaciones, que actualiza una norma de 1995, supone un incremento medio del 50% en las compensaciones por fallecimiento y un 35% para las secuelas permanentes, pero un descenso de un 2% para las lesiones temporales.

La norma tiene en cuenta las nuevas estructuras familiares, los grandes lesionados serán compensados con los apoyos necesarios para la autonomía personal, incorpora como víctimas de accidentes de tráfico a las amas de casa y las cuantías se actualizarán conforme al índice de revalorización de las personas.

ACUERDOS EXTRAJUDICIALES

El sistema también afecta a la sanidad pública porque las aseguradoras deben indemnizar a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas con los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos, como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.

Uno de los principales propósitos de la nueva norma es evitar la litigiosidad en los tribunales y potenciar los acuerdos extrajudiciales. No obstante, cerca de 200.000 de los 800.000 juicios de faltas que se tramitan cada año en España están relacionados con los daños personales relacionados con accidentes de tráfico, en su mayoría leves.

En el caso de reclamación extrajudicial por no estar de acuerdo con la indemnización correspondiente, el perjudicado puede solicitar informes periciales de forma gratuita a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).