“Ya no podemos ignorar las prácticas generalizadas de esterilización forzada, aborto forzoso y anticoncepción forzada infligidas a niñas y mujeres jóvenes con discapacidad en todo el mundo", manifestó Devandas, quien criticó que “las leyes y políticas discriminatorias están socavando el derecho fundamental de las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad a ejercer su derecho a elegir y controlar sus cuerpos”.

En concreto, Devandas explicó que “la esterilización, las histerectomías, los tratamientos de estrógenos y otros procedimientos se llevaban a cabo contra su voluntad a pedido y con el consentimiento de jueces, profesionales de la salud, familiares o tutores legales”.

En este sentido, remarcó que “los Estados deben derogar inmediatamente toda la legislación que permita la administración de cualquier procedimiento que afecte la salud y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres jóvenes sin su consentimiento libre e informado".

A su juicio, “la educación sexual y los servicios de salud deben ser accesibles para todas las mujeres y niñas con discapacidad”, con el objetivo de “aumentar la sensación personal de control y facilitar la toma de decisiones autónoma”.

Por último, Devandas indicó que “las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad pueden desarrollar su propia identidad y desarrollar todo su potencial solo cuando se satisfacen sus necesidades y cuando se sienten seguras".