La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, defendió esta iniciativa de reformar el Reglamento de la Cámara con el que quieren limitar la capacidad del Ejecutivo de vetar iniciativas de la oposición. El objetivo de la medida es limitar el poder que tiene el Gobierno de vetar la tramitación de iniciativas legislativas alegando que suponen un aumento del gasto o una disminución de ingresos.

Según denunció Montero en su exposición, el Gobierno ha usado esta herramienta de veto 44 veces en esta legislatura, lo que supone casi “lo mismo” que en el total de 40 años de democracia.

En concreto, Podemos presentó una proposición de ley sobre la reforma de los artículos 111 y 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados después de que en este casi primer año de legislatura sólo se han aprobado 5 leyes y 21 decretos leyes, lo cual convierte lo “extraordinario en ordinario” de ahí que lo vea como “trampa que impide a este Parlamento legislar”.

La portavoz denunció que el Ejecutivo emplea su derecho al veto “de forma abusiva e ilícita” ante las medidas de la oposición y de las comunidades autónomas, lo que para Montero es una “desvergüenza de este Gobierno abusando del veto presupuestario” e “impidiendo que el Parlamento legisle” y vulnerando así el principio fundamental de Derecho de separación de poderes.

En su intervención, Montero adujo que el Ejecutivo considera el Congreso como un “espacio privilegiado” para hablar, en alusión al conflicto secesionistas en Cataluña, pero luego “impiden” el debate parlamentario de las iniciativas de la oposición para lo que hacer un uso de la ley “de forma torticera”.

Por ello, la portavoz parlamentaria de la formación que lidera Pablo Iglesias dijo a los escaños del PP que “no hay banderas que puedan tapar la cantidad de artículos de la Constitución que ustedes se pasan por el arco del triunfo día tras día”. “Dejen al Parlamento trabajar y vuelvan a la Constitución”.

Desde el PSOE, el diputado Cipriá Ciscar se sumó a la causa y criticó que los artículos que regulan los vetos del Gobierno llevan más de 35 años y no habían creado “controversia hasta esta legislatura”. Por ello, se preguntó por la desproporcionalidad del uso de esta prerrogativa empleada por el Ejecutivo.

Subrayó que esta práctica ha de estar sujeta al ejercicio presupuestario “correspondiente” y no someterse a los “deseos” del propio Ejecutivo. “La actitud del Gobierno está condicionando la capacidad legisladora de las Cortes”, señaló.

El diputado de Compromís Joan Baldoví, que anunció un voto “favorable y entusiasta” a la iniciativa, denunció con un cartel las 35 veces que se ha ampliado el plazo de enmiendas a la reforma del Estatuto valenciano que lleva casi un año esperando a ser debatida en la Cámara. En este sentido, recordó que la reforma sólo tiene un artículo por lo que consideró que, con cierta ironía, “se lo deben estar pensando muy bien” para que se haya prorrogado ya 35 veces.

Esta actitud le sirvió para denunciar “el secuestro, la usurpación, el robo” a la capacidad de legislación del Parlamento por parte del Gobierno que, de continuar, recordaría al título de la película “Atraco perfecto”.

Desde el PDeCat, Carles Campuzano consideró que esta actitud del Ejecutivo revela que, “en términos parlamentarios, es muy débil” y, fruto de ello, pone en “cuestionamiento el funcionamiento del sistema democrático”.

El dirigente independista aprovechó su turno para pedir al PSOE que no sea “cómplice” del PP, por su apoyo en la puesta en marcha de las medidas contempladas vía 155 contra el desafío secesionista en Cataluña.

Desde el PNV, su portavoz Aitor Esteban, criticó la actitud de “absoluto bloqueo” que emplea el Ejecutivo y el PP como “responsable máximo”, haciendo un “abuso” de su prerrogativa de veto.

Aunque reconoció que esta medida se ha usado en anteriores legislaturas por otros Gobiernos, en esta ocasión saldrá adelante esta petición de reforma del Reglamento por el “hartazgo” de los grupos parlamentarios al “abuso del Gobierno”.

En una línea contraria se posicionó Ciudadanos, cuando no entró tanto en el detalle de la “proposición importante” sino que cuestionó la pertinencia de la propuesta jurídica porque se esta “a la espera” de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta cuestión. Aprovechó para decir que los Ejecutivos se acogen a la prerrogativa presupuestaria para frenar iniciativas porque “hacen lo que consideran que tienen que hacer”.

Desde el PP, Isabel Borrego confirmó el voto en contra de los populares, “sin complejos y con claridad”, porque la iniciativa la consideran una “modificación de la Constitución encubierta” y “un clarísimo atentado de la separación de poderes”, puesto que lo interpretan como falta de respeto al Parlamento por “interferir” en el poder Ejecutivo.

La ex secretaria de Estado aseguró que, si el Ejecutivo aceptara todas las iniciativas de la oposición, el gasto se dispararía en más de 80.000 millones, lo que demuestra que las medidas afectan “de manera importante a las cuentas públicas”.