Esta organización se expresó de esta manera en un comunicado emitido como consecuencia de que la Sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado la razón a los padres de un alumno con trastorno del espectro del autismo, considerando como una negligencia la falta de provisión de apoyos específicos en el aula por parte del colegio, sus profesionales, y como última responsable la propia Xunta de Galicia.

Este caso corresponde a cuando la madre del alumno denunció en 2014 a situación de su hijo en el CEIP Salgado Torres de A Coruña, un centro de escolarización preferente para niños con trastorno generalizado del desarrollo y que, por lo tanto, debería estar perfectamente dotado para atender adecuadamente a estos niños.

Según informó Plena Inclusión, esta última sentencia considera probado que existió negligencia debido a que durante el curso 2014/2015 se le cambió al alumno de tutora, se le modificó la profesora de pedagogía terapéutica y durante los primeros meses del curso se le retiraron del aula los pictogramas y el resto de apoyos visuales.

Asimismo, reconoce que dichos cambios no pueden banalizarse ya que –tal y como se establece en los informes aportados–, “en el tratamiento de este trastorno resulta fundamental que estas personas cuenten con un ámbito espacial y temporal estructurado, es necesario que su entorno resulte previsible, de forma que los cambios se introduzcan de manera gradual”.

También se considera probado que esos cambios produjeron “comportamientos disruptivos y que pudieron provocar la entrada en “bucle” del menor, hasta el punto de condicionar su evolución durante ese curso y por todo ello el Tribunal condenó a la Xunta de Galicia a pagar una indemnización en concepto de daños y perjuicios.

En este sentido, Plena inclusión aprobó el pasado mes de junio su “posicionamiento por una educación inclusiva que no deje a nadie atrás”, donde afirma que “el sistema educativo español adolece de una serie de debilidades que impiden a los niños y niñas disfrutar, plenamente y en igualdad, del derecho a una educación inclusiva; viendo limitadas sus posibilidades de desarrollo personal, inclusión social y determinando su vida futura”.