En un comunicado, la asociación subrayó que el precio máximo anual del suministro “coincide con la llegada del nuevo bono social, que recorta los descuentos que había hasta ahora”.

Por ello, Facua critica que el Gobierno “siga sin proteger a los consumidores y permitiendo que las eléctricas puedan continuar subiendo los precios de la tarifa que tiene contratada la gran mayoría de hogares españoles”.

La organización de consumidores recordó que el coste del kilovatio PVPC depende del precio de la subasta mayorista, de los peajes (que establece el Ministerio) y de los posibles ajustes, y que esta última variable “se ha convertido en la fórmula a la que se acogen las eléctricas para inflar el precio coyunturalmente”.

De esta forma, según Facua, “en un intervalo de cuatro horas unas cuantas centrales de generación ingresaron más de 4 millones de euros por el mero hecho de existir, aprovechándose de un concepto denominado reserva de potencia adicional a subir”, lo que para la organización supone “un abuso legal que forma parte de un marco regulatorio que sólo favorece la especulación de las eléctricas”.