La proposición, que será debatida en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, obedece, según la diputada socialista Ángeles Álvarez, a que “el Pacto de Estado contra la Violencia de Género apunta la necesidad urgente de vincular las informaciones de los Centros de Salud, los Servicios de Atención a la Mujer y las Unidades de Valoración Forense, junto a la valoración policial, para articular un sistema de protección más eficaz”.

Por ello, hay que “poner a funcionar nuevos protocolos para que las valoraciones sean exhaustivas al contar con todas las informaciones accesibles sobre la situación de las afectadas”.

En este sentido, los socialistas consideran clave “unificar y recopilar toda esta información para complementar lo realizado hasta el momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, lo que “facilitará al órgano judicial la decisión sobre las medidas cautelares y de protección de la víctima a adoptar en cada caso”.

Álvarez indicó que “es inexplicable que después de 13 años de la puesta en marcha de la Ley Integral haya Comunidades Autónomas que aún no hayan puesto en marcha las UVFI”.

A este respecto, la propuesta socialista demanda concretar la estructura y funcionamiento de las UVFI a través de una normativa básica que debe ser elaborada por el Ministerio de Justicia para su ámbito competencial y que pueda servir como referencia para las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.

VALORACIÓN DE RIESGO DE LOS HIJOS

La diputada socialista explicó que otro aspecto que apunta la iniciativa es “extender la valoración a los dependientes de la pareja y otras víctimas directas, como son los menores, y también a otras víctimas secundarias” y añadió que este punto atiende a la necesidad de proteger a otras personas que podrían ser destinatarias de la conocida como violencia vicaria.

Al respecto manifestó que “se ha dado un paso importante para incluir a las madres cuyos hijos son asesinados, como beneficiarias de los derechos y prestaciones de la ley”, pero añadió que “lo importante es evitar que los menores estén expuestos a esos riesgos y para eso, es clave que sean incluidos en las valoraciones forenses, policiales y psicológicas en todos los estamentos implicados”.