Así se desprende del apartado referente a seguridad y orden público del documento que el Ejecutivo ha remitido al Senado y en el que se acuerda el cese del consejero titular del Departamento de Interior, Joaquim Forn, en el ejercicio de las funciones que tiene previstas en el artículo 164 del Estatut.

En el texto se explica que “en su caso” también se podría acordar el cese de las autoridades dependientes en materia de Seguridad. Por tanto, serán los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación los que podrán dictar instrucciones “directas y de obligado cumplimiento” a los Mossos d´Esquadra.

El gabinete de Mariano Rajoy contempla que el jefe de los Mossos d’Esquadra y otros miemros del cuerpo sean “sustituidos” por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil o Policía Nacional) “en el caso de que sea necesario”.

A este respecto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó durante un briefing sin micrófonos en el Palacio de la Moncloa que las competencias de Forn las asumirá previsiblemente el Ministerio del Interior -o la autoridad que se designe- e incidió en que “en su capacidad de organizarse puede tomar las decisiones que considere mejores para el fin del acuerdo” adoptado por la vía del 155.

El Gobierno incide en que si hay un “incumplimiento de las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos o autoridades creados o designados” puede ser constitutivo de “responsabilidad disciplinaria”.

En el caso de que se persista en la desobediencia, el Gobierno advierte de que “se podrá proceder a su exigencia, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica especial que resulte de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales, o de otro orden a que pudieran dar lugar”.