Según UGT, la publicación de la 'Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares 2017' por parte del INE y el informe anual sobre 'La Sociedad en Red' de 2017 del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Ontsi), “confirman que el progreso de España en términos de inclusión digital es altamente decepcionante”.

El sindicato apunta también que 2,71 millones de viviendas no disponen de conexión a internet (un 16,6% del total de hogares) y que la brecha digital por cuestión de edad sigue siendo muy amplia, llegando a los 54 puntos porcentuales entre los más mayores (rango entre 65 y 74 años) y jóvenes (16 y 24 años).

Con este diferencial, “España se sitúa muy por encima de la media europea y la de la OCDE y muy alejada de las principales economías del mundo”, mientras que la formación académica sigue siendo un "importante precursor de exclusión digital", donde la separación alcanza el 47% entre licenciados y personas con educación primaria.

Por su parte, el lugar de residencia sigue siendo determinante para la inclusión digital. Así, mientras Madrid, Baleares y Navarra alcanzan cotas de inclusión digital importantes, otras regiones, como Galicia, Castilla-La Mancha o Extremadura, están muy por debajo de la media española y europea.

Por ello, UGT considera que el tamaño, alcance y persistencia de la brecha digital en España es “inconcebible para una economía que presume de estar en pleno crecimiento”. Así, “esta nueva forma de desigualdad, comparable al analfabetismo de otras épocas, no es compatible con un país que debería cimentarse en la inclusión y la cohesión social”, remarca.

Por ello, desde el sindicato indican que la brecha digital que sufre la población española “perjudica seriamente al futuro de nuestra sociedad y a la sostenibilidad de nuestro progreso económico”. Así, la transformación digital del tejido productivo que necesita la economía española “será inviable si una gran parte de nuestra población sigue excluida del universo digital.

Con todo, UGT reitera la medida que, para salvar esta situación, es necesario un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica, que debería contener el establecimiento de un ente público que coordine la transversalidad de las TIC en todo el gobierno, con responsabilidades en todo lo referido a nuevas tecnologías, formación digital y e-inclusión; la creación de un Observatorio de la Brecha Digital, con la participación de todos los actores implicados.

Además, la instauración de planes de formación presenciales y basados en prácticas activas para los colectivos fuera del mundo digital; facilitar la conexión a Internet para colectivos vulnerables con una tarifa mensual menor a 20 euros al mes; y el establecimiento de recursos presupuestarios suficientes para elaborar planes formativos en empresas, en centros de enseñanza y en centros de formación para desempleados.