Así queda plasmado en la argumentación jurídica que ha elaborado el Gobierno sobre la aprobación del artículo 155 de la Constitución, cuyo contenido está analizando en estos momentos el Consejo de Ministros extraordinario convocado por Mariano Rajoy.

En uno de los apartados de este documento de 10 páginas, el Ejecutivo sostiene que la actitud de “los impulsores del denominado ‘proceso soberanista’” en Cataluña, “además de intolerable, no resulta ni mucho menos inocua” porque “la deriva independentista y su expresión en planteamientos ilegales, están afectando gravemente a la vida política, económica y social en Cataluña”.

Por ello, el Ejecutivo entiende que se trata de una “situación improrrogable” y que hace “preciso atajar mediante la activación de las facultades que el artículo 155 de la Constitución otorga al Gobierno de la Nación”.

Estas medidas responden, según el Gobierno, a “cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes”.

Así las cosas, La Moncloa apunta que “es objetivo de las medidas propuestas restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en la comunidad autónoma de Cataluña” ya que éste es un cometido “irrenunciable desde la constatación de que las autoridades autonómicas han ignorado la legalidad vigente”.

Además, aduce que “no solo se han obviado las bases legales de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho” sino que “se ha tratado de suplantar el marco constitucional y estatutario del autogobierno de Cataluña, en apenas unas horas”, en alusión a las leyes de transitoriedad y de referéndum aprobadas en el Parlament y anuladas ya por el Tribunal Constitucional.

Con esta situación, el Ejecutivo considera que hay que “garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña”.

Como segundo objetivo, el Gobierno pone el foco en que estas medidas se adoptan para “asegurar la neutralidad institucional” después de que el Gobierno de la Generalidad haya “obviado el interés general de los catalanes en favor del ideario independentista de una parte de ellos”, para que actúen “con normalidad y neutralidad”.

En tercer lugar, argumenta estas medidas para “responder de forma debida al interés general de todos los catalanes implica que sea objetivo irrenunciable de estas medidas garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica”.

Por último, el Gobierno que preside Mariano Rajoy afirma que las medidas propuestas se adoptan para “preservar los derechos de todos los catalanes. Los derechos que las leyes les otorgan y que las instituciones deben hacer efectivos”.

En definitiva, aplica el 155 en Cataluña porque “resulta esencial garantizar íntegramente esos derechos y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad que son consustanciales a un Estado de Derecho y a una democracia avanzada, y a los principios y fundamentos que la Constitución recoge y que, con este procedimiento, se quieren preservar”.